En las Américas, las víctimas del racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia son, entre otros, las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas, así como otros grupos y minorías raciales, étnicas o que por su linaje u origen nacional o étnico son afectados por tales manifestaciones.[1]Muchas de las formas de discriminacióń y racismo que todavía enfrentan en la estos grupos tienen sus orígenes en los hechos históricos mencionados anteriormente, y a esto se suma el hecho de que estas problemáticas no fueron reconocidas ni abordadas por los Estados que resultaron tras los procesos de independencia y en gran medida se han mantenido invisibilizadas hasta años recientes. Esto ha llevado a la Comisión Interamericana a sostener que la población afrodescendiente en las Américas se encuentra marcada por una historia de invisibilidad, exclusión y desventajas sociales y económicas, que afectan el goce de sus derechos fundamentales.[2] Así, la CIDH ha afirmado que los afrodescendientes en las Américas sufren una situación de discriminación estructural, lo cual se evidencia en los indicadores sobre pobreza, participación política, contacto con el sistema de justicia penal, acceso a vivienda de calidad, atención de la salud y educación, entre otros. La discriminación estructural se ve reflejada también en el permanente estereotipo y el prejuicio que existe contra las personas de ascendencia africana.[3]
El asesinato de líderes afrocolombianos, la discriminación racial y brutalidad policial en Estados Unidos, la lucha del pueblo garífuna en Honduras y la amenaza de extinción de la cultura Gullah fueron algunos de los temas que surgieron del primer Diálogo de Expertos centrado en los desafíos y oportunidades que presenta la Convención Interamericana contra el Racismo, impulsado por Raza e Igualdad luego de la entrada en vigor de la Convención el 11 noviembre de 2017, luego de ser ratificada por Costa Rica y Uruguay.[4]
Es así que, por ejemplo, en Colombia a 170 años de la abolición de la esclavitud, persisten afectaciones graves y diferenciadas sobre las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. En adición a la problemática de la discriminación racial, resaltan los problemas estructurales existentes que provocan o agravan las violaciones de los derechos humanos sufridas por los afrocolombianos y las afrocolombianas, tales como el desplazamiento masivo, confinamientos forzados y desapariciones. El Estado colombiano firmó la CIRDI el 9 de agosto del 2014, afirmando con ese gesto su compromiso en la lucha internacional contra toda forma de discriminación. Sin embargo, el proceso de ratificación aún no se ha iniciado y no aparece como prioridad en la agenda legislativa del Congreso de la República.
En la República Dominicana, por más de 30 años el sistema interamericano ha dado seguimiento a las diversas manifestaciones de racismo y discriminación en contra de personas afrodescendientes, en especial dominicanos de ascendencia haitiana y migrantes haitianos, a través de acciones llevadas a cabo tanto por particulares como por autoridades estatales. La negación de estas problemáticas, su invisibilización, así como la no adopción de políticas públicas para la superación de las mismas, han facilitado que las formas de discriminacióń contra las personas dominicanas afrodescendientes se manifiesten en múltiples esferas de su vida y hayan mutado a lo largo del tiempo, conllevando a la negación y vulneración de muchos de sus derechos humanos, en particular su derecho a la nacionalidad.[5]
En Honduras, las condiciones sociales, políticas y económicas que enfrentan los pueblos indígenas y afrohondureños, provocadas por la exclusión social, la inequidad, el racismo y la discriminación han dado como resultado que vivan en condiciones de pobreza, bajos niveles educativos, deficiencias en la prestación de servicios de salud, altos niveles de desempleo, inseguridad jurídica, falta de representación en las estructuras de gobierno, amenazas a su condición cultural, entre otras afectaciones.[6] Las principales afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños se relacionan con su derecho de propiedad colectiva debido a la falta de demarcación, titulación y saneamiento de sus tierras y territorios, así como el incremento de concesiones, lo cual afecta la identidad cultural y el acceso a derechos básicos.
Por su parte, la población afroperuana, se encuentra en una situación de vulnerabilidad, invisibilidad y desigualdad estructural que genera un impacto negativo en el ejercicio pleno de sus derechos y en el acceso a servicios. La situación de inequidad y desigualdad que enfrenta la población afroperuana con relación, principalmente, a la discriminación por motivos de etnia y/o raza, índices de pobreza, acceso a la educación y segregación ocupacional, entre otros, se encuentra marcada por una multicausalidad, multidimensionalidad e interdependencia.[7]
Y en Panamá, la discriminación racial impone barreras que impiden a los pueblos indígenas y personas afropanameñas el pleno goce de sus derechos. Urge el cese de la marginación y la exclusión de individuos pertenecientes a ciertas comunidades de los procesos de toma de decisión política y económica, así como la eliminación de barreras en el acceso al empleo, a la tierra, a los derechos políticos y económicos basadas en color de la piel o del origen étnico, nacional o racial de una persona.
Ciertamente, la realidad de América Latina dista de los objetivos que la Convención Interamericana contra el Racismo plantea. Sin embargo, y como bien resalta el preámbulo de la Convención, los principios de la igualdad y de la no discriminación, consagrados en todas las constituciones de las Américas, presuponen el deber del Estado de adoptar medidas especiales en favor de los derechos de los individuos o grupos que son víctimas de la discriminación racial, en cualquier esfera de actividad, sea privada o pública, a fin de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades y combatir la discriminación racial en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales. Una sociedad pluralista y democrática, como deben aspirar a ser las sociedades de las Américas, debe respetar la raza, el color, el linaje o el origen nacional o étnico de toda persona, que pertenezca o no a una minoría, y crear condiciones apropiadas que le permitan expresar, preservar y desarrollar su identidad.[8]
[1] Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, preámbulo.
[2] CIDH, La Situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana (2015), párr. 93.
[3] CIDH, La Situación de las personas afrodescendientes en las Américas (2011), párrs. 42, 46.
[4] Race & Equality, The Inter-American Convention against Racism: A dialogue with experts, https://raceandequality.org/blog/the-inter-american-convention-against-racism-a-dialogue-with-experts/
[5] CIDH, La Situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana (2015), párr. 343.
[6] Honduras, Política Pública contra el racismo y la discriminación racial para el desarrollo integral de los pueblos indígenas y afrohondureños (P-PIAH), 2016-2026.
[7] Ministerio de Cultura de Perú, Plan Nacional de Desarrollo para la población Afroperuana, 2016.
[8] Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, preámbulo.
